A veces una noticia de prensa te hace pensar sobre ella y algunas veces hace que salga un artículo de ella; leo que la Fiscalía Anticorrupción dentro de su Memoria Anual de la Fiscalía General del Estado propone que sean de obligado cumplimiento las penas de prisión para quienes sucumben a la corrupción política ya que en su opinión sirve de freno a conductas futuras. En definitiva, que los políticos corruptos vayan a la cárcel sea cual sea la pena sin posibilidades de suspensión de la misma. No es por no ser jugosa la propuesta, ni siquiera en el fondo nos podríamos posicionar en contra de tal voluntad, pero valorándolo fuera de fanatismos y populismos, nos encontramos con dos problemas absolutamente infranqueables: La regulación legislativa en la materia que recoge el Código Penal y la Constitución española.

En primer lugar, el art. 80 del Código Penal ya recoge y tasa las condiciones para poder obtener el beneficio de suspensión de las penas. En segundo lugar, la Constitución española promulga derechos fundamentales como la igualdad y la no discriminación, tampoco por oficio o profesión.

Es vox populi que cualquier pena no superior a dos años de prisión, reuniendo unos condicionantes (no tener antecedentes, pagar la responsabilidad civil,…) está sujeta a suspenderse (no cumplir con la entrada en prisión) a cambio de estar un periodo de años sin delinquir.

En este caso se propugna que un político sea condenado por un delito no grave, por ejemplo, a 1 año de prisión, no tenga antecedentes penales y devuelva el dinero como pago de la Responsabilidad civil y aun así, se le prive de un derecho por ser político para servir de freno a conductas futuras. Con todo el respeto, debemos tildar esta afirmación como una barbaridad en términos puramente jurídicos. La mera reincidencia delictiva dentro del plazo de años que te marca la suspensión de la pena, conlleva que cumplirás la pena por el nuevo delito y la pena que se te suspendió en el primer delito. Ya está previsto ese freno a conductas futuras en la legislación.

Se habla también de que en la sociedad se palpa cierta impunidad en ese tipo de delitos, lo que puede generar desasosiego. Sin embargo, en este punto creemos que mayor desasosiego en esta sociedad debe producir que vayan por la calle con condenas suspendidas gente que atenta contra la vida de otro, que maltrata a su pareja, que conduce un vehículo absolutamente bebido o quien no siendo político roba o estafa a gente abusando de su superioridad.

Ante la duda, el art. 80 C.P. deja en manos de su Señoría la facultad de suspender o no la condena, valorando las circunstancias de cada caso, como debe ser, no justicia ad hoc, si no Justicia en un marco de igualdad y seguridad jurídica. Por todo ello, entendemos que dicha medida, que seguro tendrá el aplauso de las masas por su populismo, no puede tener una cabida en un ordenamiento jurídico como el nuestro. Y la aplicación efectiva de dicha voluntad vulneraría derechos fundamentales como el de igualdad y el de no discriminación.

Luego está el problema de la retroactividad de esta propuesta. ¿A quién se le aplicaría? Imposible aplicar una regulación más lesiva al reo que ya haya cometido los hechos, por lo que estaríamos ante una medida que en nada afectaría a los casos ya cometidos, si no, que, en el mejor de los casos, operaría solo para los futuros casos.

Otro problema, la ley marca la valoración individualizada de cada uno de los casos. Una persona que dentro de las dudas que suelen generar estos asuntos, es condenada, pongamos a 6 meses de cárcel, paga todo lo que debe y esta persona es pongamos una persona viuda/soltera con 4 hijos menores y su trabajo como único sustento, sin familiares que puedan atender a sus hijos. ¿La metemos en la cárcel? ¿Hacemos un cajón común donde quepan todos los políticos sin valorar las circunstancias especiales de cada uno?

La restricción de derechos a determinados grupos por su condición no tiene cabida en ningún ordenamiento jurídico del primer mundo. Otro asunto es si esas conductas de corrupción están debidamente penadas, sobre lo cual se podría hablar largo y tendido, y en el marco legal para modificar las normas sustantivas sin vulnerar derechos fundamentales.

Benito González
Responsable Departamento derecho Penal