Por Bernardo Bonet, Departamento Derecho Deportivo

Las federaciones deportivas son entidades privadas que ejercen por delegación funciones públicas. Su compleja naturaleza implica diariamente la gestión de intereses públicos y privados.

Esta combinación puede suponer un riesgo para los presidentes, miembros de las juntas directivas y gerentes de las distintas federaciones que en multitud de ocasiones tienen que convivir con subvenciones públicas, con la gestión y utilización de instalaciones municipales, con el ejercicio de la potestad disciplinaria y con otra serie de obligaciones inherentes a la gobernanza de este tipo de entidades de gestión y promoción del deporte.

Esto se complica cuando la federación deportiva cuenta con un presupuesto más o menos elevado y cuando en la misma trabaja personal contratado laboralmente.

En las últimas semanas hemos asistido, con mayor o menor asombro, a la aparición de noticias relacionadas con la presunta comisión de ilícitos penales en el seno de una relevante federación deportiva nacional. Se han desvelado presuntas prácticas muy alejadas de lo que debe ser el buen gobierno de una federación deportiva que mueve cientos de millones y lo que es mucho más importante, miles de licencias deportivas.

Desgraciadamente, estos hechos no son aislados y en los últimos tiempos hemos sido testigos de la aparición de escándalos relacionados con la ilícita utilización de las federaciones deportivas para el beneficio personal. Dirigentes de estas federaciones han favorecido con contratos a precios excesivos y fuera de mercado a empresas vinculadas con ellos.

La aparición de la responsabilidad penal de las personas jurídicas por la reforma del Código Penal ha impulsado en los últimos años en las empresas, desde las más grandes a las pymes, una carrera por la adopción de unos sistemas internos de compliance o de prevención de delitos.

En nuestra opinión, en consonancia total con la Fiscalía General del Estado, los sistemas de cumplimiento normativo han de ser adoptados y aplicados efectivamente, de modo que su elaboración no sea producto de un trabajo intelectual abstracto, sino de un examen interno y exhaustivo dirigido a analizar el funcionamiento diario de la empresa o persona jurídica.

Desde nuestra óptica, los últimos escándalos aparecidos y la progresiva profesionalización de la gestión de las federaciones deportivas nos deben llevar a considerar la oportunidad que los programas de cumplimiento penal nos ofrecen para dotar a las federaciones de una verdadera cultura de cumplimiento y de unos códigos de buen gobierno, transparencia y autoprotección.

Estos sistemas, sin duda redundarán en mejorar la imagen pública y en garantizar tanto a los dirigentes como a los federados, e incluso a posibles patrocinadores, una “tranquilidad jurídica” que permita trabajar a todo el mundo dentro de la legalidad y centrar sus esfuerzos en lo importante, que no es otra cosa que la promoción, tutela y organización del deporte.

La oportunidad que nos brinda la particular concepción jurídica de las federaciones deportivas de implementar programas integrales que fomenten la cultura de la excelencia y la transparencia en el gobierno y gestión de las mismas es inmejorable, ya que podemos “tejer” verdaderos “trajes a medida”.

En estos planes de prevención de riesgos penales se puede incluir la malversación, prevaricación administrativa y episodios de corrupción en general. Además de controles y mecanismos de vigilancia en temas tan delicados como abusos sexuales a menores, procesos electorales, amaños y apuestas ilegales, dopaje, fairplay, violencia en espectáculos deportivos y otra serie de cuestiones relacionadas directa e indirectamente con el código ético y moral que cada federación deportiva debería autoimponerse como primera regla de juego.

Aunque parezca mentira, las federaciones deportivas, como muchas otras organizaciones de similar naturaleza, aún no han llegado al siglo XXI. La gran mayoría, con honrosas excepciones, siguen con modos y maneras propios de otra época, caracterizada por el oscurantismo y la ausencia de mecanismos de control interno sobre la gestión.

Creemos que ha llegado el momento idóneo para apostar por los mecanismos de gobernanza y transparencia que nos brinda la ley. Esta opción debe ser una autoimposición para todos aquellos que trabajamos con y para el deporte porque tenemos que adaptar la gestión de las organizaciones deportivas a las demandas de los tiempos actuales.

Es fundamental que las federaciones deportivas den un paso al frente y encabecen la carrera por la cultura del cumplimiento y la transparencia para que los clubes deportivos y el resto de entidades deportivas tengan un espejo donde mirarse y entre todos podamos tener un deporte más limpio y una gestión deportiva del siglo XXI.

Las federaciones deportivas deberían ser las principales interesadas en la implementación de códigos éticos en sus clubes y el cumplimiento de los mismos, ya que el comportamiento inadecuado de uno de sus miembros perjudica la imagen de todo el sector.

Por ejemplo, la Generalitat Valenciana quiere poner coto a la “autocontratación” en las entidades y federaciones deportivas de la Comunitat Valenciana. Por eso, se está preparando un nuevo decreto que limite esta práctica para evitar una actuación que hoy en día está totalmente permitida en estos órganos.

Para controlar la “autocontratación”, la Dirección General de Deportes ha puesto en marcha un proyecto de decreto para regular las entidades deportivas, lo que desde luego debe ser una llamada de atención para que desde las federaciones deportivas se trabaje en preparar los nuevos escenarios de transparencia y control que parece vendrán impuestos desde el gobierno.

El borrador deja claro en el artículo 87.c, que limita las autocontrataciones y regula la conducta de los directivos, que no podrán «contratar, por medio de sus empresas o en nombre de terceros, con la propia entidad deportiva. Esta prohibición afectará a las empresas de sus cónyuges, de personas vinculadas por una relación de convivencia análoga y de sus descendentes o ascendientes».

De igual forma la pasada semana el presidente de la Federación Española de Baloncesto presentó una batería de medidas relacionadas con el buen gobierno. Entre estas medidas encontramos la necesidad de recoger en los nuevos estatutos la creación de una oficina de cumplimiento, cuyas competencias se centrarán en la revisión de la actividad federativa y el establecimiento de manuales, políticas y procedimientos de obligado cumplimiento.

Parece patente que existe una clara necesidad de cambio en la gestión que asegure un escenario de control, cumplimiento ético y normativo y transparencia en el gobierno de las federaciones deportivas.

Por ello desde BONET ABOGADOS, con la experiencia profesional que nos brinda la implantación de multitud de programas de cumplimiento penal para empresas de todos los ámbitos y sectores y con el amplio conocimiento del mundo federativo que nos otorgan muchos años trabajando con el deporte, apostamos fuertemente por la implementación de programas integrales de compliance y buen gobierno en las federaciones deportivas.