Por Carles Picher, abogado, y Vicente Lloret, arquitecto.

Recientemente se ha publicado la convocatoria de ayudas para la realización de Informes de Evaluación de Edificios (IEE) correspondiente al año 2018. Este año, a diferencia de los anteriores, no se integran dentro del nuevo Plan de Vivienda, por lo que se gestionan, financian y otorgan única y directamente desde la Conselleria de Vivienda.

El IEE es un documento técnico que recoge el estado de conservación del edificio en sus elementos constructivos fundamentales (estructura, cubiertas, fachadas), analiza, estudia y propone soluciones para la accesibilidad universal del edificio y realiza un certificado energético global del conjunto del edificio. Su validez es de 10 años, por lo que es un documento que sirve para realizar una planificación a medio plazo de los trabajos de mejoras y mantenimiento, ordenados por un criterio de prioridad e importancia.

Están obligados a tener este informe en vigor todos los edificios de viviendas de más de 50 años (por tanto, este año, todos aquellos finalizados en 1.968 o anteriores) y todos los edificios con algún grado de protección según la normativa municipal correspondiente.

En el año 2015 se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana (R.D. 7/2015), que exige que todos los edificios de tipología residencial de vivienda colectiva que tengan una antigüedad superior a 50 años dispongan del “Informe de Evaluación de Edificios”. Según esta ley, el plazo máximo del que disponen esos edificios finaliza el 28 de junio de 2018, sin menoscabo de que las comunidades autónomas o ayuntamientos, fijen plazos más cortos. Por tanto, se podrá exigir a partir de ese momento a cualquier edificio que reúna los requisitos.

Las ayudas se podrán solicitar hasta el 10 de junio de 2018 y podrán presentarse también aquellos informes presentados y registrados desde el pasado 10 de julio de 2017.

La cuantía de las ayudas varía en función del número de viviendas y su calidad constructiva y llegan como máximo a 20 € por vivienda, con un máximo de 500 € por informe y hasta el 50 % del importe total de la factura de los honorarios profesionales.

Sin duda, la obligatoriedad de elaboración de un informe global en los edificios de vivienda colectiva de más antigüedad es un gran paso para la consecución de los objetivos de sostenibilidad en el sector de la edificación en España; los informes aportan una valiosa información a los propietarios, orientando las inversiones e impulsando intervenciones de mejora de eficiencia energética. Esa obligatoriedad se extiende además a todos los casos en los que se solicite algún tipo de subvención.